Después de las críticas que generó la actuación de la UCEP –la fuerza de choque del gobierno de Mauricio Macri dedicada a desalojar a indigentes del espacio público–, la Justicia porteña investiga el accionar de una célula paralela a ese organismo, que habría actuado en al menos cuatro procedimientos de desalojos en la vía pública tras su anunciada disolución. El jueves pasado, el juez Roberto Gallardo allanó oficinas en dos pisos del Edificio del Plata, una de las sedes administrativas del gobierno de la ciudad, y secuestró dos computadoras e importante documentación. Allí habría hallado elementos que certificarían esos operativos, los que serían ilegales, ya que el propio juez los había prohibido en un fallo de fines de octubre: allí ordenaba que sólo podían realizarse desalojos en la vía pública con previa orden judicial. En el allanamiento se secuestraron además fotografías de movilizaciones de organizaciones sociales contra la UCEP, lo que podría indicar que la actividad de este grupo no se limitaba a la “limpieza” del espacio público sino también a tareas de inteligencia.
Según revelaron fuentes judiciales a Página/12, la nueva actuación judicial se generó el 27 de noviembre último, cuando dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Patricia Laterra y Facundo Lastra, se presentaron ante el juzgado de Gallardo para denunciar que habían sido testigos de un procedimiento realizado el 18 del mes pasado, a las 7 de la mañana, en la avenida Córdoba y Uriburu. Allí, en la esquina de la facultad, vive desde hace años un indigente que los que frecuentan el lugar conocen como Carlos, y a quien los estudiantes con alguna frecuencia ayudan con alguna moneda o alimentos.
Los estudiantes, según consta en su declaración testimonial, pudieron ver cómo esa mañana cuatro hombres con remeras que llevaban la leyenda Unidad de Control del Espacio Público (cuya sigla es UCEP), al mando de alguien a quien llamaban Polaco o Gustavo, habían cercado el lugar que ocupaba Carlos con cintas amarillas y colocado un cartel que anunciaba que estaban “Haciendo Buenos Aires”. Dentro del perímetro, cuatro o cinco operarios procedían a la remoción de un puesto de diarios abandonado, junto al cual había buscado refugio el indigente, y de todas las pertenecían del hombre que habitaba ese lugar: tres colchones, una cajonera, una silla de mimbre y seis cajas con ropa y otros elementos.
Los estudiantes sabían que existía una medida judicial que restringía el accionar de la UCEP y recordaban que el gobierno porteño había anunciado su disolución. Por eso les llamó la atención el procedimiento y resolvieron hacer la denuncia ante el juez Gallardo, alentados por Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), a quien conocían por haber realizado actividades en un centro cultural.
El fallo referido es la medida cautelar adoptada por el juez el 29 de octubre último, a pedido del asesor tutelar Gustavo Moreno. El asesor tutelar había presentado un recurso de amparo a favor de Carla Baptista, una mujer embarazada que había sido desalojada a golpes del lugar que ocupaba en una vereda, sobre la calle Pasco, bajo la autopista 25 de Mayo.
A menos de 24 horas de esa presentación, Gallardo allanó por primera vez oficinas en el Edificio del Plata, secuestró documentación y firmó la medida cautelar: dispuso que la UCEP debía “abstenerse” de intervenir en acciones que involucren a “menores (de edad) e incapaces”, mientras que para que cualquier otra actuación debía contar con una autorización judicial.
Una semana después, tras una reunión con la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo –bajo cuya dependencia funciona la UCEP– anunció que ese organismo sería desactivado de inmediato. Sin embargo, mantuvo en el cargo a quien aparecía como responsable de ese organismo, el director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Polini.
Al parecer, la palabra de Piccardo no se cumplió y todo indica que en el gobierno porteño ha quedado una suerte de UCEP residual. Así al menos se desprende de las nuevas denuncias: a las formuladas por los estudiantes se sumó otra, efectuada por el propio Juan Grabois, del MTE, quien después de hacer averiguaciones entre empleados del ministerio –según relata–, aseguró ante el juez Gallardo que en el ministerio funciona una UCEP paralela, a las órdenes del mencionado Polini.
“Tras el violento desalojo de la (llamada) Huerta Orgazmika (en mayo de este año, en el barrio de Caballito), el jefe de la UCEP, apodado El Tano (Juan Savoiardo), y el Chino Polini tienen una serie de enfrentamientos que derivan en que este último contrate a un karateca llamado Gustavo Busuk o Guzuk, que comenzó a funcionar como su guardaespaldas personal y como incipiente jefe de una nueva célula parapolicial, que realizaba operativos similares a los de la UCEP, especialmente diurnos”, detalla Grabois en la denuncia presentada ante Gallardo.
El dirigente del MTE dice que accedió a esta información a partir de su relación con empleados del gobierno porteño, dado que la organización que integra trabaja junto a un sector del ministerio en un programa de inclusión de cartoneros.
Polini había sido director de Compras y Contrataciones, en el Ministerio de Hacienda, pero fue desplazado de ese cargo y desembarcó en Ambiente y Espacio Público como responsable de Compras en la Dirección de Reciclado. Allí, tras una denuncia de presuntas irregularidades, fue ascendido al cargo que hoy ocupa y, tras la renuncia del jefe de gabinete de esa cartera, Fabián Rodríguez Simón, se hizo cargo de la UCEP.
Rodríguez Simón se atribuye la creación de la UCEP, pero asegura que no hizo más que blanquear a personal que ya ocupaba esa función desde el gobierno de Aníbal Ibarra. Si bien la mayoría de la patota que integra ese cuerpo tiene contratos de vieja data, las denuncias de abusos, amenazas y desalojos violentos comenzaron a producirse (y multiplicarse) desde febrero de este año.
A partir de estos datos, Gallardo resolvió allanar el jueves la oficina de Polini, en el quinto piso del Edificio del Plata. Allí secuestró una note-book del funcionario y una carpeta con referencias a por lo menos cuatro procedimientos realizados durante noviembre, de desalojo de indigentes de la vía pública. Incluyen fotos de “antes y después” del procedimiento y la fecha en que fueron realizados, posterior a la medida cautelar.
Esos operativos, según las fuentes judiciales consultadas por este diario, habrían sido realizados por la nueva estructura que reemplazaría a la UCEP. “Si se comprueban estos hechos, el funcionario habría incurrido en violación de una orden judicial, ya que el gobierno de la ciudad está impedido de realizar desalojos en la vía pública sin la autorización de un juez”, dijo la fuente a Página/12.
Gallardo también allanó una oficina del segundo piso de ese mismo edificio, que sería la sede operativa del nuevo grupo de choque, liderado por El Polaco. Allí secuestró una CPU, que junto con la notebook fue trasladada para su análisis a los departamentos técnicos de la Gendarmería.
El juez también interrogó a los empleados del sector, quienes relataron que suelen ver en esa oficina a un hombre al que llaman El Polaco, pero aseguraron que desconocen qué función cumple. En una lista de personal del sector figura una persona que se identifica como Gustavo Guzuk, que cumple “horario rotativo” pero, a diferencia de los otros empleados, tiene en blanco el casillero destinado a la asignación presupuestaria. “O no cobra, o no se sabe quién le paga el sueldo. Ese es el motivo de otra investigación: quién financia a este grupo”, confió una fuente cercana a la investigación.
En uno de los operativos, Gallardo también secuestró una orden de compra por 25 “chalecos antipunzantes”, que no serían otra cosa que chalecos antibalas. En el despacho de El Polaco también encontró fotografías de marchas y movilizaciones, donde pueden verse carteles contra la UCEP, pero también de otras organizaciones, con informes de los horarios de inicio y finalización, en lo que aparentan ser rudimentarios informes de inteligencia.
La denuncia contra la nueva UCEP cuenta con el respaldo del MTE y la Cooperativa La Alameda. El MTE reúne a unos 1800 cartoneros cuyo trabajo ha sido formalizado a través de un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cuentan con uniformes y con camiones para trasladar la mercadería recolectada. “Reconocemos que la política de reciclado del ministerio fue un avance importante para la inclusión de nuestros compañeros, pero esto no puede ser modificado porque denunciemos casos de corrupción, represión clandestina y violaciones a los derechos humanos”, alertó Juan Grabois, en rechazo ante una eventual represalia.
